ACCIÓN URGENTE REPRESIÓN VIOLENTA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Al menos 13 personas fallecidas fueron reportadas, decenas de personas fueron detenidas y otras resultaron heridas como consecuencia de la violenta represión de las protestas que desencadenó la elección presidencial en Honduras el 26 de noviembre. 

Un cambio repentino en los resultados de la elección para presidente en Honduras tiene al país sumergido en un clima de violencia y tensión desde los comicios celebrados el 26 de noviembre. El 29 de noviembre, después de varios días sin publicar información oficial sobre los resultados electorales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaló una ventaja a favor del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández. El anuncio significó un cambio radical respecto de la primera tendencia anunciada por el mismo Tribunal el 27 de noviembre, en donde anunció la ventaja de cinco puntos por parte del candidato de la oposición, Salvador Nasralla. 

Este anuncio dio pie a múltiples protestas masivas y bloqueos de varias carreteras alrededor del país como respuesta a la falta de transparencia en el procesamiento y conteo de votos. Estas protestas fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad hondureñas. El 1 de diciembre, las autoridades declararon un estado de sitio por un período de 10 días. El Decreto instaura un toque de queda restringiendo el derecho a la libre circulación por la noche y prevé la participación de las fuerzas armadas en apoyo a la policía nacional para mantener el orden y la seguridad. 

De acuerdo con información dada a Amnistía Internacional por organizaciones locales, desde el 29 de noviembre se han multiplicado los casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de las autoridades, como uso de cañón de agua, gases lacrimógenos y armas letales. Hasta la fecha se reportan al menos 13 personas fallecidas, entre ellas un niño, en el contexto de la represión de las manifestaciones e incluso por la noche y en el marco del toque de queda. Docenas de personas fueron arrestadas, detenidas, incluyendo niños, y otras personas heridas en el marco de operativos de represión de manifestaciones. Existen también serias preocupaciones por el respeto de los derechos a la vida, a la integridad física, al debido proceso, a la libertad de expresión y de reunión y manifestación pacífica. 

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma: 

 Exhortar a las autoridades que se abstengan de utilizar las fuerza desproporcionadamente y que se respete plenamente el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica; 

 Solicitar que todas las personas detenidas solamente por ejercer su derecho a la manifestación pacífica sean liberadas de inmediato y que aquellas imputadas de algún delito se les garantice el derecho al debido proceso, el derecho de defensa, atención médica, y puedan acceder a familiares y abogados de su elección. En el caso de niñas y niños detenidos, se debe garantizar el interés superior del niño en todo momento. 

 Exigir que autoridades civiles abran de inmediato una investigación exhaustiva, imparcial e independiente sobre todos los casos de muertes violentas ocurridas en el contexto de la represión de las manifestaciones, hagan públicos sus resultados y lleven a los presuntos responsables ante tribunales civiles ordinarios. 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 17 DE ENERO DE 2018 A: 

Ministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco El Ocotal, Comayaguela M.D.C. Antiguo Local de Academia de Policía (ANAPO) Fax: +504 2220 44352 Correo-e: oaseguridad@hotmail.com; sedsdespachohn@gmail.com; rafael.mayorga@seguridad.gob.hn; despachohn@hotmail.com Tratamiento: Sr. Ministro Fiscal General de la República Oscar Fernando Chinchilla Lomas del Guijarro, Tegucigalpa Fax: +504 2221 5660 Correo-e: fiscaliageneralhnd@hotmail.com; mprelacionespublicas@gmail.com (con copia a walleskaz@gmail.com) Tratamiento: Sr. Fiscal Y copias a: Amnistía Internacional, Equipo de Centroamérica Amnistía Internacional Luz Saviñón 519, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C. P. 03100 Ciudad de México, México Correo-e: equipoca@amnesty.org Envíen también copias a la representación diplomática de Honduras acreditada en su país. Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento : Su Excelencia Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

En 2015 mediante un fallo controversial, la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable el artículo 239 de la Constitución que prohibía la reelección presidencial, abriendo el camino para la reelección para funcionarios como el entonces Presidente, Juan Orlando Hernández. 

El 26 de noviembre de 2017 se celebraron elecciones generales en Honduras. El 27 de noviembre por la madrugada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer una primera tendencia, basada en el 57 por ciento de la revisión de votos, la cual otorgaba una ventaja de 5 puntos al candidato de oposición, Salvador Nasralla, respecto del actual Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ambos candidatos se declararon ganadores. 

De acuerdo al Informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos en Honduras, publicado posteriormente a las elecciones, “el sistema de divulgación de resultados, disponible al público online, no fue actualizado [después del primer anuncio del TSE] el lunes 27 de noviembre. Reanudada la divulgación, la Misión observó cómo la diferencia entre los candidatos se iba estrechando”. El 29 de noviembre por la tarde, el TSE dio a conocer una tendencia diferente, apuntando a la victoria de Juan Orlando Hernández. 

Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con una alta tasa de homicidios e inseguridad. Existe un alto nivel de desconfianza hacia las instituciones, alimentado por la impunidad que prevalece en la mayoría de los crímenes, y por recurrentes señalamientos de corrupción o involucramiento de agentes estatales en actividades delictivas. 

Las personas defensoras de derechos humanos están particularmente expuestas a la violencia, siendo Honduras uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para los y las activistas de la tierra y el medio ambiente. 

En febrero de 2017, Amnistía Internacional expresó su preocupación por las reformas al Código Penal respecto del delito de terrorismo, debido a que las nuevas disposiciones, redactadas en términos sumamente amplios, podrían dar lugar a una aplicación arbitraria e inadecuada en el contexto de protestas pacíficas o dar lugar a la criminalización de defensores de derechos humanos. 

A raíz del golpe de Estado ocurrido el 28 junio de 2009, durante el cual fueron aprobados varios estados de excepción y toques de queda, se reportaron graves violaciones de derechos humanos atribuidas a fuerzas de seguridad hondureñas. 

Fecha de emisión: 6 de diciembre de 2017