Crisis en la UNAH

ERIC, Radio Progreso. 8 septiembre 2017

La problemática en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a pesar que los centros universitarios fueron entregados por los estudiantes, sigue desarrollándose en medio de la violencia y agresiones. La mañana del viernes 9 de septiembre, las autoridades universitarias acudieron nuevamente al Poder judicial y policial para que desalojaran a los estudiantes de Ciudad Universitaria. La jornada dejó más de 20 personas detenidas, entre ellos a defensores y defensoras de derechos humanos. La nueva cifra duplica la cantidad total de procesos judiciales contra alumnos y alumnas.

A inicios de septiembre, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), luego de conocer el decreto publicado en La Gaceta, en el que el Congreso pide a las autoridades cumplir con la Ley Orgánica, presentó una propuesta-borrador, la que planteaba una iniciativa de reprogramación de clases, el documento fue elaborado después de una reunión entre parte del Claustro de Profesores y estudiantes el pasado viernes 1 de septiembre. Ellos solicitaban a las autoridades que las clases inicien desde cero a finales de septiembre, fecha en que la rectora Julieta Castellanos dejaría su cargo, asimismo estructuraba un plan de nombramientos de rectores de los centros regionales.

Un día después de ser presentada la propuesta, la rectora Julieta Castellanos convocó a una conferencia de prensa. “En primer lugar ni los estudiantes ni los Claustros están autorizados a elaborar reprogramaciones académicas, además hablan de reunión de Claustro y apenas eran 15 maestros los que se reunieron”, dijo Castellanos en reacción a la iniciativa.

Castellanos fue fuerte en sus declaraciones, asegurando que los estudiantes no están interesados en buscar una salida a la crisis, además afirmó que la propuesta planteada no tiene fundamento legal, en ese sentido hizo un llamado al MEU para que entreguen las instalaciones de la universidad esta semana y así poder reiniciar las clases el próximo lunes 11 de septiembre.

Algunos dirigentes analizaron la propuesta más que otros. Los centros regionales, entre ellos Valle de Sula, procedieron el jueves 7 de septiembre a la entrega del centro a las autoridades, después de más de 50 días de toma, y ellos sin mediar palabras y por la presión de las asociaciones aceptaron volver a clases el lunes 11 de septiembre. El acuerdo se dio a pesar que en San Pedro Sula todavía hay un estudiante bajo proceso criminal.

Ciudad Universitaria se negó a aceptar la planificación, pero la idea de volver a clases siempre estuvo en agenda, El MEU de Tegucigalpa seguía hasta antes del viernes planteando retornar a clases la última semana de septiembre. Héctor Ulloa, vocero del MEU cree que las declaraciones de Castellanos responden a la actitud de intransigencia y radicalismo que ella ha mantenido durante todo el conflicto. Ulloa dijo que su propuesta está fundamentada en los reglamentos de la universidad, además es parte del mandato que dio el Congreso Nacional en lo que responde al nombramiento de autoridades interinas y elecciones estudiantiles.

“También pedimos un alto a los procesos criminales tanto administrativos como judiciales, queremos el compromiso y voluntad de las autoridades para buscar un acuerdo con respecto a eso”, siguió relatando Ulloa.

Hasta el jueves había un total de 25 procesos criminales contra estudiantes, pero con las detenciones del viernes ya suman más de 50.

La rectora advirtió que no estaban en la disposición de retirar los procesos criminales, y como acto de respuesta enviaron de nuevo a los policías y ahora los criminalizados aumentaron.

“Entregamos las instalaciones como acto de buena fe, para que las autoridades cumplan nuestras demandas”, dijo Marcos Rubí a los medios de comunicación, representando al MEU de la zona norte, después de entregar los edificios a las autoridades.

Esta semana el Congreso Nacional dio a conocer de forma oficial el documento de decreto para solventar la crisis universitaria, el documento se centra en tres aspectos: nombramiento de autoridades, elecciones estudiantiles y conformación de una comisión de vigilancia integrada por diputados y diputadas. 

El MEU no acuerpa del todo la posición legislativa y dice que es difícil confiar en la Junta de Dirección Universitaria, ente que en el marco de la Ley Orgánica debió de ser reestructurada en abril pasado. 

Mientras la dirigencia estudiantil de San Pedro Sula entregaba el centro como acto de buena fe, en Tegucigalpa la Policía Preventiva, Cobras y militares se preparaban para desalojar violentamente a los estudiantes. Desde tempranas horas de la mañana, una fuerte presencia policial ingresó a las instalaciones y dio con la captura de varios estudiantes, los que fueron trasladados al Core 7, la Unidad Policial Metropolitana de Tegucigalpa.

“También queremos denunciar la detención de representantes de derechos humanos, ellos llegaron a la universidad a vigilar que el proceso se diera en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la gente, en primer lugar, no nos dejaron entrar y en segundo nos encerraron junto a estudiantes y luego querían trasladarnos a una posta policial”, denunció Hedme Reyes, defensora de derechos humanos en la capital.

Los estudiantes detenidos en la jornada de represión de la tarde fueron: Cristian Sanabria, Edwin Salas, Brayan González, Santos Ruiz, Andy Villanueva, Marcio Silva, Nahúm Portillo, mientras que los defensores de derechos humanos detenidos son Tommy Morales, Hedme Castro, Ariel Díaz, Carlos Moisés del Cid.

En la primera jornada de detenciones detuvieron a: Erik Gómez, Fernando Ramírez, Brenda Miranda, Dorian Turcios, Misael Flores, José Chacón, Adonay Turcios, Erik García, Junio Oyuela, Pablo Madrid, Yaser Fuentes, Kenny Reyes, Suly Rodríguez, Susset Vásquez y Jenny Bonilla.