CONDENAMOS LA BRUTAL REPRESIÓN EN CONTRA DE
ESTUDIANTES, DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN CIUDAD
UNIVERSITARIA
La Coalición contra la Impunidad, en vista de los sucesos
protagonizados por las autoridades administrativas de la UNAH, cuerpos de
seguridad y particularmente, la Policía Nacional, en el campus de Ciudad
Universitaria el pasado 8 de septiembre, donde detuvieron a 26 personas (22
estudiantes y 4 defensores y defensoras de derechos humanos, 3 de los cuales
fueron procesados) quienes presentaron heridas y graves lesiones y afectaciones
a su salud las cuales hasta el día de hoy continúan presentando síntomas debido
a las repercusiones de los daños causados, por todo ello, ante la comunidad
nacional e internacional manifiesta:
1.
Condenamos la barbarie y la brutalidad de las acciones protagonizadas
por la Policía Nacional en contra de estudiantes y defensores y defensoras de
derechos humanos, ya que fueron ejecutadas de manera ilegal, bajo el uso
indebido de tipos penales, sin órdenes de captura, violentando las garantías
constitucionales de las víctimas y evidenciando que el cinismo y la
arbitrariedad con la cual actúan las autoridades tanto universitarias como
estatales en el país han alcanzado niveles repudiables.
2. Denunciamos los actos de tortura,
los tratos crueles e inhumanos a los cuales fueron sometidos por parte de
agentes policiales y exigimos que se deduzca a estos, la responsabilidad penal
correspondiente por dichos actos. Exigimos se reparen los daños causados a la
integridad física y emocional de los y las estudiantes y defensores(as) de
derechos humanos. La deducción de responsabilidad debe incluir a la rectora
Julieta Castellanos quien ha demostrado no solo incapacidad para brindar
verdaderas soluciones sino que ha alentado el conflicto mostrando posturas
intransigentes, intolerantes y altamente violentas.
3.
Demandamos castigo al comportamiento cómplice y servil del Ministerio
Público el cual en el marco de este conflicto y través de sus agentes fiscales,
ha sido eficiente para instar procesos penales en contra de estudiantes bajo el
uso de figuras penales evidentemente inaplicables, no obstante, ha sido ineficiente para
investigar las múltiples denuncias interpuestas en contra de Julieta
Castellanos por abuso de autoridad y otros delitos.
4. Lo suscitado en el campus
universitario es el reflejo de la práctica política mostrada por el gobierno de
la república para resolver los diversos conflictos en el país mediante la
represión policial y la utilización del derecho penal para criminalizar el
ejercicio legítimo de la protesta social.
5.
Exigimos sobreseimiento definitivo en los procesos penales en contra de
estudiantes y defensores y defensoras de derechos humanos, que se desestimen
las acusaciones y que se reconozca su condición y el uso legítimo de su derecho
a defender derechos humanos.
6. Demandamos acciones prontas y
contundentes por parte de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, del
Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y del Sistema Nacional de
Protección a través de las cuales se haga un reconocimiento público de la labor
que desempeñan los y las defensoras de derechos humanos dentro del conflicto
universitario y en el contexto de país en general e inste al Ministerio Público
a mostrar una postura coherente y sensata a través del cierre de los procesos
penales instados.
7. Finalmente, increpamos a las
autoridades universitarias, específicamente a la rectora Julieta Castellanos y
al Ministerio Público, a que de una vez por todas, abandonen su comportamiento
violento y cesen la comisión continuada de violaciones de derechos humanos en
contra de la comunidad estudiantil y de defensores y defensoras, recordándoles
que está todo un país está siendo testigo de sus abusos y arbitrariedades
11 de septiembre, 2017.
COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD
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