Coalición Nacional de Redes Ambientales de Honduras



PRONUNCIAMIENTO

La Coalición Nacional de Redes Ambientales de Honduras reunida en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, los días 10 y 11 de Julio, en su VI asamblea declaramos lo siguiente:

· Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de las personas soterradas en los tenebrosos túneles excavados para extraer oro en San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca, y denunciamos al Gobierno sobre la doble moral con que ésta manejando esta penosa catástrofe, que se refleja en la indiferencia mostrada con la no resolución de los recursos legales presentados por organizaciones ambientalistas ante el Ministerio Público sobre la grave situación que desde hace años enfrentan nuestros compatriotas del sur.


Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a las acciones que en defensa de sus derechos realizan los/as pobladores/as de Azacualpa, La Unión, Copan, que enfrentan amenazas de desalojo por la Empresa Aura Minerals que usufructa territorios concesionados para la explotación minera en ese municipio. La empresa en mención, ha incumplido todos los compromisos adquiridos con la comunidad desde el 2012 y ahora, para imponer sus negocios, ha hecho uso de la fuerza militar y policial para reprimirles e intimidarles a fin de obligarles a reubicarse, incluyendo su cementerio, para proceder a la extracción de metales en el territorio que habitan desde tiempo inmemoriales y donde han construido su patrimonio.


Nos solidarizamos y acompañamos a los habitantes de las comunidades de El Tránsito, Nacaome, Valle, y Nueva Esperanza, Tela, que por idénticos motivos a la defensa de sus derechos frente a concesiones y explotaciones mineras enfrentan procesos judiciales, persecución e intimidaciones por parte de operadores de justicia e inversionistas mineros.


A un año de aprobada la nueva Ley de minería, los casos anteriores, solo son algunos ejemplos de los resultados negativos de la implantación de esta política extractivista, que desde esta Coalición habíamos oportunamente señalado, ya que la aplicación de políticas, legislaciones y modelos económicos incongruentes con la dignidad del ser humano y sus hábitat han tenido a la fecha las siguientes consecuencias:



1. Enajenación del territorio a inversionistas nacionales y extranjeros bajo la falsa promesa de superar la pobreza y subdesarrollo en que las propias políticas del Estado han sumido a los/as hondureños/as



2. Criminalización de las acciones sociales en defensa de territorios así como la constante violación a los derechos humanos, acción que muestra la ambivalencia del actual Gobierno ya que al mismo tiempo que criminaliza a los defensores y defensoras, promueve una ley para la protección de los mismos.



3. Intencional desarticulación de los movimientos sociales y organizaciones comunitarias mediante la militarización de territorios, preocupación que ha sido expresada por la organización Brigadas de Paz Internacional (PBI) en su informe “Honduras, la defensa de Derechos Humanos: Una actividad de alto riesgo.”, donde advierte que la ampliación de poderes a las Fuerzas Armadas en asuntos de protección civiles: “pueda derivar en vulneraciones de los derechos humanos, así como acciones de represión, detenciones y persecuciones destinadas a silenciar su defensa”, en tanto el ejército trabaja en evidente protección de los intereses de inversionistas y no del pueblo hondureño como debería ser la función de un Estado garante de los derechos humanos y de los bienes naturales



4. Existencia de campañas mediáticas destinadas a hacer ver a la minería como la panacea de la prosperidad económica y futuro de Honduras, y que al mismo tiempo invisibilizan el deterioro ambiental que provocan las actividades extractivas y las violaciones a los derechos humanos generadas en los territorios para imponer este modelo destructor de la vida..



Por lo anterior, exigimos: La inmediata derogación de la actual y nociva Ley de Minería; La cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas a la fecha; el reconocimiento de la decisión soberana de las poblaciones que en ejercicio de soberanía, han declarado sus municipios libres de minería. A los órganos competentes del Estado, demandamos la investigación y debida judicialización de todas las denuncias, que se producen a lo largo y ancho del país, sobre amenazas, secuestros y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan a las comunidades y poblaciones que se oponen a las concesiones y explotaciones mineras en sus territorios.



Nos declaramos en alerta permanente ante la constante amenaza a defensores y defensoras de los territorios y sus bienes naturales y solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales estar pendientes de nuestras denuncias ante la grave situación de inseguridad, vulnerabilidad ambiental y amenazas e intimidaciones a comunidades opuestas a la minería que estamos viviendo en Honduras.



NO A LA MINERIA EN HONDURAS

COALICION DE ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS DE HONDURAS



Dado en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, a los diez días del mes de julio del año dos mil catorce

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