domingo, 16 de diciembre de 2012

OTRO GOLPE A UN PODER DEL ESTADO EN HONDURAS

Según la Constitución hondureña, los magistrados solo pueden dejar su cargo por renuncia, enfermedad o muerte.

Congreso de Honduras asesta golpe técnico al Poder Judicial

El Congreso Nacional de Honduras aprobó en la madrugada del 12 de diciembre la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en una acción que fue calificada de ilegal y atentatoria contra el estado de derecho. 

La determinación habría contado con la venia del presidente de Honduras, Porfirio Lobo, quien según trascendió extraoficialmente se reunió con el titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, y los miembros de la Junta de Comandantes, antes que la moción fuera presentado al plenario legislativo. 

Los magistrados separados por el CN, presidido por Juan Orlando Hernández, quien arribó al pleno de la Cámara Legislativa a eso de la 1:30 de esta madrugada, son José Francisco Ruiz Gaekel, Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Antonio Gutiérrez Navas, los que fueron propuestos por el Partido Liberal, diputados que con posiciones en contra de la decisión alegaron que el Congreso Nacional no tiene la facultad de destituir a magistrados de la CSJ y las causales que se esgrimieron no son válidas y atentatorias a la separación de poderes. 

La acción calificada de “aberrante” por parte de diputados de oposición fue antecedida de un intenso cabildeo del presidente del Congreso, Juan Hernández, con diputados nacionalistas, entre propietarios y suplentes, de la UD, de la Democracia Cristiana, y hasta de diputados liberales. 

Los diputados nacionalistas Antonio Rivera Callejas, Daniel Flores y Mario Barahona se manifestaron en contra. Rivera Callejas cuestionó que en menos de 24 horas se elaboró un informe para tomar esta decisión que no está apegada a derecho. Subrayó que “los diputados no tenemos la facultad de destituir a los magistrados de la Corte”. 

La destitución se discutió a escasas horas de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia resuelva sobre la inconstitucionalidad del decreto 89-2012, declarado ilegal por el voto de los cuatro magistrados destituidos. 

En total, 110 diputados habrían firmaron la moción, según el diputado Jefrey Flores, de la bancada nacionalista. 

Mientras el presidente de la bancada liberal, José Alfredo Saavedra, afirmó que la determinación tiene el "único proósito de amedrentar a otro poder de Estado como lo es el Poder Judicial. No tienen estas atribuciones el Congreso Nacional de aprobar o improbar las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia". 

La destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo de Honduras, aprobada hoy por el Parlamento, ha sido tildada como un "golpe técnico" por la oposición y como una decisión ilegal por analistas locales. 

Los magistrados fueron destituidos a iniciativa del gobernante Partido Nacional por haber declarado ilegales, el pasado 27 de noviembre, unas medidas aplicadas por decisión del Ejecutivo en la Policía Nacional en el marco de un proceso de depuración de la institución, que ha sido infiltrada por el crimen. 

El analista y exdiputado del Partido Nacional Raúl Pineda dijo a Efe que lo resuelto esta madrugada por el Parlamento ha sido "totalmente incorrecto", con el argumento de que la ley vigente "no autoriza a los diputados a destituir a los magistrados". 

Según la Constitución hondureña, los magistrados solo pueden dejar su cargo por renuncia, enfermedad o muerte. Los cuatro magistrados destituidos por el Parlamento calificaron esa medida como "ilegítima, ilegal e injusta". 

La decisión del Legislativo "trastoca los principios constitucionales que nos amparan, y obedece evidentemente a razones políticas, no jurídicas, ya que los suscritos han emitido sus fallos de manera razonada e independiente, sin sujeción a ningún tipo de presión", expresaron los magistrados en un comunicado. 

Los magistrados destituidos son Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz, José Antonio Navas y Gustavo Enrique Bustillo, quienes fallaron en contra de unas pruebas de confianza que a iniciativa del Ejecutivo se han venido practicando en la Policía Nacional, para sanear esa institución que ha sido infiltrada por el crimen. 

Los destituidos consideran que les han violentado sus "derechos constitucionales, como el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído y otros derechos fundamentales, reconocidos en el ámbito jurídico nacional como internacional". 

El expresidente del Supremo Miguel Ángel Rivera dijo que la ley no faculta a los diputados para destituir magistrados, quienes, en todo caso y si habían incurrido en algún error, "tenían que haber sido escuchados para darles por lo menos, ese elemental derecho constitucional". 

Germán Leitzelar, diputado por el minoritario Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, dijo a los periodistas que lo ocurrido esta madrugada es "un golpe entre poderes", mientras que el diario capitalino El Heraldo tituló "Conspiración contra la democracia. Congreso fraguó golpe técnico al poder judicial". 

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Unión Cívica Democrática (UCD), entre otros sectores, se pronunciaron hoy en contra de la destitución de los cuatro magistrados, por considerar que el Parlamento no tiene atribuciones para hacerlo. 

Los diputados hondureños, según la UCD, se han convertido en un "juzgado y en una institución de investigación utilizado como instrumento de perversidad". 

El fiscal general del Estado, Luis Rubí, dijo en rueda de prensa que ha solicitado al Parlamento el informe y el decreto utilizado por el Legislativo para destituir a los cuatro magistrados, para analizar su contenido, las atribuciones y las conclusiones que utilizaron para ejecutar esa acción. 

Hecha la investigación, se dará a conocer la posición de la Fiscalía, añadió. Por su parte, el subsecretario de las Naciones Unidas, Heraldo Muñoz, dijo hoy en El Salvador que espera que la "crisis" por la destitución de los magistrados se resuelva por la vía constitucional y del diálogo. 

La destitución de los jueces del Supremo ha contado con el respaldo del presidente hondureño, Porfirio Lobo, quien expresó públicamente su malestar porque declararon la inconstitucionalidad de las pruebas de confianza, e incluso les llegó a preguntar si "estaban del lado de los delincuentes". 

Esta mañana, Juan Hernández, presidente del Parlamento y candidato presidencial del Partido Nacional en las elecciones de noviembre próximo, juramentó a los cuatro nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional. 

Se trata de Silvia Trinidad Santos, German Vicente García, José Elmer Lizardo y Víctor Manuel Lozano, quienes fueron escogidos de una lista de 45 nominados en 2009 para integrar la Corte Suprema de Justicia. 

El fallo judicial que provocó la destitución de los magistrados se produjo dos días después de que había caducado el decreto que prevé las pruebas de confianza (exámenes antidrogas, de polígrafo y psicológico a los agentes). 

El constitucionalista Oswaldo Ramos Soto, diputado de la corriente de Juan Orlando Hernández, dijo que el procedimiento para destituir a los magistrados del Poder Judicial es ilegal.El Congreso Nacional no tiene atribuciones para despedir a los funcionarios judiciales, dijo el congresista. 

Denunció que en el voto electrónico del Congreso Nacional él aparece como que votó a favor de la destitución cuando todo mundo sabe que él se retiró de la Cámara molesto porque no le cortaron la palabra cuando alegaba que la destitución era inconstitucional. 

“El procedimiento, respetando el criterio de los demás -yo soy un estudioso de la ciencia constitucional- me parece que no es el adecuado”, dijo el ex-rector universitario y catedrático de derecho constitucional.“Lo que ha ocurrido no es el respeto de la Carta Fundamental del Estado. De los procedimientos establecidos, yo nunca he estado de acuerdo con esto, ni menos cuando el epicentro de la tormenta gira en derredor de una sentencia”. 

Ramos Soto explicó que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronunciará sobre lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en virtud de que su resolución, respecto al tema de la depuración de la policía, no fue por unanimidad de votos. 

“La Constitución señala que el presidente del Pleno, debe convocar en el término de diez días a los quince magistrados para que conozcan y resuelvan”. 

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