La Coalición Contra la Impunidad repudia el pacto de impunidad.
Una de las consecuencias del fraude en las elecciones del 26 de noviembre es la consolidación
de un régimen dictatorial en el cual los poderes públicos no representan los intereses ni
tutelan los derechos del pueblo. La aprobación ilegal de la reforma por adición del artículo
131-A a la Ley Orgánica del Presupuesto incluida en el Decreto 141-2017 sobre la Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (ejercicio fiscal 2018), genera un
pacto de impunidad para los funcionarios, ex-funcionarios y otros actores privados como
Ongs y fundaciones que han administrado fondos públicos y los han malversado, que deja
sin facultades al Ministerio Público y a la MACCIH para investigar los actos de corrupción
entre 2006 a 2018.
