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Los generales Salomón Escoto Salinas, José Francisco Murillo López y José Luis Muñoz Licona. Se reunieron para planear, ordenar y ejecutar el asesinato del General Julián Arístides González, según un informe interno de la policía.
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Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras
Por ALBERTO ARCE 15 abril 2016 (The New York Times)
En julio de 2009, el narcotraficante hondureño Winter Blanco, un tipo gordito, rudo, de pelo rapado, prófugo de la justicia y jefe del Cartel del Atlántico, quiso tumbarle un cargamento de droga a Emilio Fernández Rosa, conocido como “Don H”, que tenía 143 kilos de cocaína en una casa de la Mosquitia, en la costa Caribe de Honduras.
Blanco llamó al General de la policía José Murillo López, orondo y con cara de bonachón, y le propuso un negocio. Si sus agentes conseguían la droga, se la compraría. Después de pedirle autorización al director general de la policía, el General Salomón Escoto Salinas, Murillo López envió a 12 de sus hombres al lugar.
Cumplieron su misión. Pero algo se torció.
La información llegó a manos del zar antidrogas, el General Julián Arístides González, y unos días después encabezó un operativo que terminó con el arresto de los policías y el decomiso de la cocaína.
Cumplir con su deber sería la sentencia de muerte para ese general retirado que Estados Unidos, en un cable enviado desde su Embajada en Tegucigalpa al Departamento de Estado, había calificado de “algo así como la última esperanza” de la lucha contra el narcotráfico en el país.
Los hechos que describe este reportaje han sido extraídos de dos informes de la Inspectoría General de la Policía de Honduras redactados en 2009 y 2011 a los que ha tenido acceso The New York Times y que incluyen testimonios de testigos, descripciones de videos y registros de llamadas telefónicas. Aquí pueden verse parte de los documentos.
Al General Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, que según la investigación de la propia policía, trabajaban para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos. Recibieron la orden, organizaron el asesinato, lo ejecutaron y lo encubrieron. E hicieron lo mismo con el político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde, que también había sido titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
