La Coalición Contra la Impunidad repudia el pacto de impunidad.
Una de las consecuencias del fraude en las elecciones del 26 de noviembre es la consolidación
de un régimen dictatorial en el cual los poderes públicos no representan los intereses ni
tutelan los derechos del pueblo. La aprobación ilegal de la reforma por adición del artículo
131-A a la Ley Orgánica del Presupuesto incluida en el Decreto 141-2017 sobre la Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (ejercicio fiscal 2018), genera un
pacto de impunidad para los funcionarios, ex-funcionarios y otros actores privados como
Ongs y fundaciones que han administrado fondos públicos y los han malversado, que deja
sin facultades al Ministerio Público y a la MACCIH para investigar los actos de corrupción
entre 2006 a 2018.
No es la primera vez que los diputados oficialistas pactan con la corrupción y la impunidad,
ya lo hicieron con la aprobación de la Ley de Secretos en enero de 2014 y la rebaja de penas
en delitos de corrupción en el nuevo Código Penal en agosto de 2017.
Como Coalición Contra la Impunidad condenamos este nuevo pacto de impunidad por ser
una burla de la peor calaña por parte de la clase política gobernante con características de
criminalidad organizada contra el pueblo hondureño. Con estas normas de impunidad las
redes de corrupción garantizarán además de impunidad, “certificados de solvencia” por parte
del Tribunal Superior de Cuentas, quien durante los próximos tres años se encargará de
manipular documentación de los casos de corrupción y los Juzgados hondureños, tal como
sucedió en el caso de los cinco diputados, cerrarán las acusaciones ya presentadas como el
caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Pedimos a la MACCIH que en los próximos días dé a conocer la identidad de los 60 diputados,
funcionarios, ex funcionarios y representantes de Ongs que están siendo investigados por esa
institución por actos de corrupción. Esperamos que la MACCIH sea coherente con su
mandato frente a estos obstáculos que le inhabilitan para cumplir con sus acciones de
combate a la corrupción y de no superarlos será mejor su retiro del país.
Como organizaciones de derechos humanos estaremos realizando acciones legales y
populares en los próximos días contra este hecho oprobioso.
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de enero de 2018.
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