A un año de su asesinato, ¡Seguimos exigiendo justicia para Berta!

A un año del repudiable asesinato de Berta Cáceres Flores, la Coalición contra la Impunidad (CCI), articulación de organizaciones de sociedad civil, que tienen como denominador común la protección y defensa de los derechos humanos, reafirma su demanda de justicia y verdad integral para las víctimas de este abominable crimen. 

Reafirmamos que el asesinato de Berta es producto de la conflictividad y el rompimiento del tejido social provocado por las empresas extractivas instaladas en las diversas comunidades del país bajo condiciones de irregularidad e ilegalidad en los procedimientos de otorgamiento de contrata de aguas, licencias ambientales, permisos de construcción y operación, entre otros, en los cuales juega un papel permisivo y cómplice la institucionalidad hondureña coludida con los intereses de las élites económicas. 

Comportamiento que se ha visto reflejado también en el manejo judicial del proceso penal del asesinato, con ocho personas capturadas hasta la fecha, pero sin intenciones de abrir las líneas investigativas hacia la autoría intelectual del crimen.  A pesar de ello, existe en el país el manejo de un discurso pro derechos humanos completamente contrastante con la inexistente voluntad gubernamental de esclarecer los hechos perpetrados en contra de Berta Cáceres y que se ha traducido en la negación a reconocer el derecho de las víctimas de participar en el proceso, ya que el mismo ha sido declarado y mantenido bajo secretividad. 

Consideramos que además de denunciar y cuestionar el papel del sistema de justicia en el manejo del proceso judicial, debe también investigarse la responsabilidad estatal directa en el asesinato de Berta, ya que, a pesar de ser beneficiaria de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nunca medió una implementación eficaz de las mismas por parte del Estado de Honduras, quien contrariamente a su responsabilidad de protegerla, fue el actor principal en cuatro procesos judiciales de los cuales fue víctima, todo ello en el marco de su labor constante y permanente de defensa de derechos humanos del pueblo lenca y del pueblo hondureño en general. 

Dicha responsabilidad estatal debe entenderse además vinculada a la apertura del Estado hondureño a la industria extractiva, a través de la cual se violentan derechos fundamentales de los pueblos y comunidades a ser previamente consultados y que ha traído como resultado la persecución, criminalización, estigmatización y el asesinato de múltiples defensores y defensoras de derechos humanos en el país, evidenciando la existencia de una política estatal de persecución en contra de los y las defensoras, potenciado por el contexto político electoral actual sostenido desde la manipulación de las políticas de seguridad. 

Sin embargo, a un año del asesinato de Berta Cáceres, reivindicamos su presencia, su lucha y su fuerza alojada en todos y todas las que defendemos la vida y dedicamos diariamente nuestros esfuerzos por la construcción de un país más justo. Reivindicamos como una verdad nuestra apuesta por la defensa de los derechos humanos como el eslabón fundamental para la existencia del Estado de derecho y reafirmamos que Berta continúa viva en medio de todos los pueblos y comunidades del mundo que defienden el agua, la tierra, los ríos y sobre todo el derecho a vivir en paz y dignidad. 

2 de marzo de 2017. 

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD.