Nos parece bien señalar algunos datos del informe de Global Witness, sobre los defensores y defensoras de DDHH y los bienes naturales, que ha resaltado el periódico alternativo digital; Pasos de Animal Grande (www.pasosdeanimalgrande.com).
“El informe se desprende de una investigación de dos años que Global Witness realizó en Honduras y donde tomó cinco casos emblemáticos para verificar por qué y quiénes asesinan y amenazan a defensores y defensoras del ambiente y de la tierra.
Los cinco casos emblemáticos que Global Witness tomó como ejemplo para probar que en Honduras los defensores y defensoras de la tierra y el ambiente están siendo atacados por un enjambre de poder son: Berta Cáceres, COPINH y los oscuros intereses que mueven la presa de Agua Zarca; La operación minera del empresario Lenir Pérez; La masacre de las comunidades Tolupanas; El pueblo Garífuna y las fuerzas que apoyan el emblemático desarrollo turístico de Honduras.
Los hallazgos crímenes contra ambientalistas
La forma más atroz de represión es el asesinato de defensores y defensoras de la tierra y el ambiente.
Global Witness descubrió nuevas evidencias, tales como acuerdos de puerta trasera, sobornos y violación a la ley en donde están comprometidos políticos en altos cargos y magnates de negocios cómplices en la represión de familias, según comunicado de prensa.
Desde el 2010 a la fecha son 123 personas asesinadas por protestar contra el expolio o destrucción de sus tierras, entre ellas la activista indígena Berta Cáceres.
“Nuestras investigaciones demuestran que las élites políticas y empresariales hondureñas están usando medios corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales, para asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a imponerse en su camino”, señaló Billy Kyte, Jefe de Campañas de Global Witness.
Añadió que “hemos documentado innumerables ataques y amenazas escalofriantes, entre ellos la brutal agresión de unos soldados a mujeres embarazadas y niños, a los que la policía apuntó con un arma, incendios provocados contra los hogares de aldeanos y asesinos a sueldo que siguen comprando a sus anchas en las comunidades de sus víctimas”.
Las principales causas de muertes son los conflictos por minería, las represas hidroeléctricas y la agroindustria, siendo la mayoría de las víctimas de grupos indígenas y comunidades rurales…
Una de las personas denunciada en múltiples ocasiones en medios de comunicación relacionada con la violencia que sufren las comunidades es Gladys Aurora López, vice presidenta del Congreso Nacional y presidenta del Partido Nacional, quien parece tener un claro conflicto de intereses, dado que su marido es el único administrador de “Aurora” y “los Encinos” , dos proyectos hidroeléctricos a los que se les otorgaron licencias en el tiempo en que la funcionaria desempeñaba el cargo de Secretaria en el Congreso Nacional, lo que infringe la Constitución de la República y la Ley de Contratación del Estado, señaló Global Witness.
A causa de la exigencia de las comunidades de una consulta, “López montó un teatro convocando a una reunión, los activistas denunciaron que observaron que trajeron buses llenos de salvadoreños para que votaran a favor de la instalación de la hidroeléctrica en los Encinos, lugar controlado por Arnold Castro, cónyuge de la diputada, ellos pretenden vender energía al Estado, el resultado de la oposición fue el asesinato de tres activistas indígenas, sus cuerpos se encontraron con indicios de tortura y descuartizados”, continuó el comunicado…
A dos años de investigaciones sacaron a la luz muchas actividades ilegales, supuesta corrupción y algunos nombres que provocaron violencia contra defensores y defensoras del ambiente.
Uno de ellos es “el conocido empresario y activista del Partido Nacional Lenir Pérez, yerno de Miguel Facusse, quien supuestamente sobornó a un alcalde e intentó hacerlo también con un millón de dólares a opositores al proyecto minero; se sospecha que Pérez está implicado en amenazas a muerte y en el secuestro de dos activistas internacionales de derechos humanos”.
La comunidad agrícola de Nueva Esperanza también ha recibido un gran número de ataques y amenazas por su resistencia a la mina de óxido de hierro “Buena Vista” propiedad de Pérez, agrega el documento que fue entregado a representantes de la comunidad internacional, a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales que llegaron a escuchar los resultados de la investigación a un hotel de la capital hondureña.
Pérez es presidente de la recién adquirida administración de Palmerola International Airport, responsable de la construcción del aeropuerto internacional en el lugar donde se encuentra la base militar de Estados Unidos conocidad como Palmerola.
Otro punto a destacar es que en sus publicaciones personales se califica como activista del Partido Nacional de Honduras. Aparece como el presidente del grupo dedicado a la construcción y metalurgia, es dueño de la empresa EMCO, con sede en San Pedro Sula y su fortaleza empresarial es el diseño y construcción de bodegas para almacenaje. Además es presidente de ALUTECH que fabrica y distribuye láminas de zinc, canaletas, perfilería de tabla yeso y todo tipo de estructuras para techos, según salió publicado en www.tvshonduras.blogspot.com
A la lista anterior se suma según Global Witness el ex general del ejército de Honduras, Finlánder Armijo Uclés, que supuestamente amenazó a los miembros de la comunidad indígena de San Francisco de Locomapa con el fin de expulsarlos de sus tierras. Cinco indígenas de esta comunidad han sido asesinados por protestar en contra de la tala y minería, es otro de los hallazgos de la investigación de la organización internacional antes mencionada.
Armijo Uclés está señalado como uno de los responsables de violaciones a los derechos humanos en la década de los ochenta, cuando en Honduras se implementó por los Estados Unidos la Doctrina de la Seguridad Nacional. Sin duda la impunidad de la que goza le ha animado a volver a las andadas y lo hace contra la tribu tolupán que no tiene acceso a la justicia por la discriminación que sufre desde el Estado de Honduras, a través de los diferentes operadores de justicia que se confabulan contra este tipo de acciones, han asegurado sectores de derechos humanos.
Otro oscuro caso es el de la empresa “Desarrollo Turístico del Valle de Tela”, respaldada por una serie de élites hondureñas, que intentaron repetidamente expulsar ilegalmente a la comunidad garífuna de Barra Vieja, dicha asociación “ha blanqueado fondos procedentes de la corrupción en el escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS”, denunció Global Witness.
Para los habitantes de Barra Vieja los problemas se agudizaron con la construcción del megaproyecto turístico Los Micos Beach and Golf Resort, conocido como Bahía de Tela y rebautizado como Indura Beach and Golf Resort. Desarrollo Turístico Bahía de Tela (DTBT), empresa responsable del proyecto, está conformada por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), que detiene el 49% de las acciones y representa el sector público, y por el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo (FHIT), un conglomerado de empresarios y grupos económicos nacionales entre los más poderosos del país. FHIT detiene el 51% de las acciones y su presidente es el magnate hondureño de origen árabe palestino Camilo Atala, que también es presidente ejecutivo del coloso Grupo Financiero Ficohsa, señaló una publicación de publicación del sitio web kaosenlared.net/.
Roberto Gómez, uno de los afectados por el desalojo en Barra Vieja, describió que “nos desalojó un escuadrón de unos 15 policías que iban acompañados por un grupo de civiles, destruyeron nuestros cultivos, quemaron los alimentos, nos dejaron en la calle y la comunidad saqueada”.
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