A tempranas horas de la mañana las y los estudiantes universitarios se tomaron las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para continuar exigiendo una educación con calidad.


A tempranas horas de la mañana las y los estudiantes universitarios se tomaron las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para continuar exigiendo una educación con calidad.

La voz de “Alerta” recorrió las redes sociales y los medios de comunicación, había una orden de desalojo, solamente estaban esperando a la jueza ejecutora aseguró el Comisionado Turcios, quien estaba a cargo del contingente de la Policía Nacional apostados enfrente de las instalaciones del Alma Máter.

Mientras que en el portón de entrada de vehículos de ese centro de estudios, un grupo de uniformados con pasamontañas en sus rostros detenían a cualquier joven que encontraban cerca , les pedían sus tarjetas de identidad, se las retenían al tiempo que uno de los policías le dictaba el número por celular supuestamente para averiguar si los muchachos tenían antecedentes penales.


No conforme con eso, les tomaron fotografías a las identificaciones de unos 10 universitarios, ante los alegatos de la defensora Tomy Morales que protestaba porque le pareció irregular ese procedimiento, según dijeron por “captura y revisión en el sistema”, al mismo tiempo ella les advirtió que si algo les pasaba a esos 10 jóvenes, eran directamente responsables por su seguridad. Uno de los muchachos denunció que un policía encapuchado “me agarró del pelo y me dio un golpe en el pecho”.

Reunion de la Coalicion contra la Impunidad con la MACCIH




El 30 de Mayo se llevo a cabo un dialogo con la Coalición contra la impunidad, en la cual participa JPIC Familia Franciscana, esto a partir de la convocatoria que recibimos por parte de la MACCIH. Nuestras impresiones son la receptividad por los planteamientos y preocupaciones por parte de las organizaciones de sociedad civil en la cual ellos nos compartieron de los mecanismos para realizar sus 4 ejes de trabajo. 

1. Combate a la corrupción,. 
2. fiscalización 
3. Reformas al sistema penal 
4. Seguridad Publica.

ESTADO DE HONDURAS A EXAMEN ANTE COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS




La Plataforma EPU, a la comunidad nacional e internacional expresa: 
1. Representantes de la Plataforma EPU comparecerán en este mes de junio ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas en Ginebra, y tendrán intervención directa en el examen al Estado de Honduras, presentando un informe sombra o alternativo y con presencia activa durante dicho examen. 

2. Con esta participación iniciamos el ciclo de acciones de incidencia ante el sistema universal de derechos humanos de Naciones Unidas, espacio en el cual divulgaremos nuestras consideraciones sobre la situación de derechos humanos en Honduras. A la participación ante el comité DESC, seguirán otras ante el Comité contra la Tortura, ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y acudiremos también ante el Comité para la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. A cada uno de los exámenes en estos comités asistirán delegaciones de la Plataforma EPU, para contrastar con sus informes sombras los propios que presente el Estado. 

Empresarios coludidos con el Gobierno de Honduras encarcelan pobladores de Zacate Grande.





Durante décadas las comunidades de la Peninsula de Zacate Grande han sufrido por los contantes despojos y encarcelamientos por grandes Empresarios y funcionarios del gobierno.

Los que siguen resistiendo pagan con la cárcel, este es el caso de Abel Antonio Perez y Santos Hernandez del caserío Puerto Sierra en la Comunidad de Playa Blanca, quienes fueron remitidos a la penitencieria de Nacaome este 19 de mayo del 2016, ambos son dirigentes campesinos y miembros de la Asociación por el Desarrollo de la Peninsula de Zacate Grande (ADEPZA).

Ellos se presentaron el Jueves a las 2:00 al Juzgado de Amapala en audiencia de rebicion de medidas, donde la Jueza Iris dictamino orden de captura por incumplimiento de ellas al no presentarse firmar el libro de actas para verificar su estadía en el país.

Ellos tienen diversas acusaciones y capturas anteriores por delitos de Usurpación de tierras y construcción en terreno privado por parte de José Casis Leiva y Edilberto Cruz. 

Santos y Abel son parte de un grupo de 44 familias que son afectadas por un muro construido por Edilberto cruz, dueño de la Gasolinera Puma de San Lorenzo, quien desde el 14 de Mayo del 2011 se ha estado presentando en compañía de la policía del Relleno y Nacaome para pedir que desalojen a los pobladores que van quedando dentro de su muro la propiedad donde viven.

Don Faustino Perez, Padre de Abel Perez ahora uno de los dos detenidos tiene mas de cuarenta años de vivir en ese lugar, el solo cuenta con un dominio útil para validar por dueño la tierra donde vive, el Estado nunca considero la peninsula de Zacate Grande como tierras nacionales si no de origen privado, por lo que don Faustino nunca recibió una escritura por el Instituto de la Propiedad o el Instituto Nacional Agrario (INA.

Cada año en semana santa, las playas de Zacate Grande se inundan de visitantes, en Playa Blanca Santos y Abel participaron en la limpieza de playas y áreas de parqueo para visitante, pocos días después Jorge Casis Leiva los acuso por usar la área de su supuesta propiedad como parqueo, ahora ellos están presos por no cumplir con las medidas sustitutivas a la prisión preventiva impuesta por la jueza tras la acusación.

El Gobierno tiene mas que las uñas metidos en los despojos y encarcelamientos contra lideres y dirigentes campesinos, en 1902 el Estado obsequio la isla Zacate Grande como premio por su buena labor como presidente de la república al General Terencio Sierra, antes de su muerte el general heredo en vida la isla, y dejo con un titulo colonial a su sobrina Carmen Malespin de Nacionalidad Nicaragüense como dueña de 500 caballerizas de tierra en Zacate Grande, lo que nunca menciono el documento es en que lugar de Zacate Grande se encontraban tales tierras.

Guardiana de los ríos TEASER: Berta y Río Blanco




Guardiana de los ríos TEASER: Berta y Río Blanco 

En el río Gualcarque hay espíritus, la comunidad dice que ahora allí mora Berta Cáceres. Dicen que ella vive en su lucha por el río y la tierra en medio de la división y la violencia que los amenaza, que ella los impulsa a seguir.

El documental Guardiana de los ríos entra en las realidades y luchas de comunidades que defienden el agua, sus ríos como bien fundamental para la vida. Berta Cáceres fue asesinada por esa lucha, una de las más peligrosas en Honduras, el país más violento para quienes defienden la naturaleza.

Esta es una producción de la campaña Madre Tierra, nuestra casa común impulsada por el ERIC y Radio Progreso.

Ser religiosa y religioso en tiempos de mártires por la defensa de la Vida.



Ser religiosa y religioso en tiempos de mártires por la defensa de la Vida.

“Padre… no pido que los saques del mundo, sino que los libres del Maligno… conságralos con la verdad: tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo” (Jn 17,15-18).

Diferentes comisiones o grupos internacionales de derechos humanos, han hecho afirmaciones alarmantes de violaciones y asesinatos a las defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras. El último informe de la CIDH, refleja algunos aspectos que se vuelven un desafío a los hombres y mujeres que nos hemos consagrado para dar la vida anunciando y construyendo el reino de Dios. Veamos algunas pautas escritas de esta realidad.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió su informe sobre Honduras donde señala que los altos niveles de violencia que enfrenta la sociedad hondureña, tienen un impacto particular en defensores y defensoras, pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, migrantes, personas campesinas del Bajo Aguán y periodistas y trabajadores de la comunicación y operadores de justicia, donde la policía militar, la preventiva y el ejército son uno de los promotores de esa violencia, siendo el involucramiento del ejército un riesgo para el Estado de Derecho” 

Cifras oficiales hechas públicas en 2013 indicaban que 80% de los homicidios cometidos en Honduras quedaban en la impunidad por falta de capacidad de los órganos de investigación. 

El Presidente de la CIDH, Comisionado James Cavallaro, dijo en ese sentido: “Nos preocupa particularmente que estos índices de violencia e inseguridad se encuentran exacerbados por la falta de políticas públicas para resolver las desigualdades y la exclusión social de grandes sectores de la población. Los grupos en condición de vulnerabilidad, debido a la discriminación histórica a la que han sido sometidos, enfrentan persistentemente obstáculos en el goce pleno de sus derechos y una falta de acceso a la justicia”

“Honduras debe proteger a las y los defensoras y defensores cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar ataques, y tomar las medidas que sean necesarias para que puedan desarrollar su trabajo sin obstáculos ni riesgos”, indicó el Relator sobre los Derechos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco” (www.pasosdeanimalgrande.com, 18 de mayo 2016).

Esta realidad que vemos en las calles, y denunciada por la CIDH, cuestionan de manera directa a los hombres y mujeres que optaron por una vida Consagrada al Reino de Dios; los que tienen la misión de llevar la Buena Noticia a los que solo reciben malas noticias. La Vida Consagrada quiere ser “levadura en la masa” (Mt 13,33); esto implica comprometerse y estar inmerso en las luchas del pueblo que se acompaña.

Al acercarnos un poco a ese inicio de nuestra Iglesia, marcada por el Espíritu de la profecía y el testimonio martirial, encontramos luces que nos iluminan hoy en nuestro caminar; además su testimonio puede encender nuestro ánimo como discípulas y discípulos de Jesús, en estos tiempos sombríos y de muerte en este territorio hondureño.

Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras (New York Times)


Los generales Salomón Escoto Salinas, José Francisco Murillo López y José Luis Muñoz Licona. Se reunieron para planear, ordenar y ejecutar el asesinato del General Julián Arístides González, según un informe interno de la policía.
CreditGerman Andino

Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras

Por ALBERTO ARCE 15 abril 2016 (The New York Times)

En julio de 2009, el narcotraficante hondureño Winter Blanco, un tipo gordito, rudo, de pelo rapado, prófugo de la justicia y jefe del Cartel del Atlántico, quiso tumbarle un cargamento de droga a Emilio Fernández Rosa, conocido como “Don H”, que tenía 143 kilos de cocaína en una casa de la Mosquitia, en la costa Caribe de Honduras.

Blanco llamó al General de la policía José Murillo López, orondo y con cara de bonachón, y le propuso un negocio. Si sus agentes conseguían la droga, se la compraría. Después de pedirle autorización al director general de la policía, el General Salomón Escoto Salinas, Murillo López envió a 12 de sus hombres al lugar.

Cumplieron su misión. Pero algo se torció.

La información llegó a manos del zar antidrogas, el General Julián Arístides González, y unos días después encabezó un operativo que terminó con el arresto de los policías y el decomiso de la cocaína.

Cumplir con su deber sería la sentencia de muerte para ese general retirado que Estados Unidos, en un cable enviado desde su Embajada en Tegucigalpa al Departamento de Estado, había calificado de “algo así como la última esperanza” de la lucha contra el narcotráfico en el país.

Los hechos que describe este reportaje han sido extraídos de dos informes de la Inspectoría General de la Policía de Honduras redactados en 2009 y 2011 a los que ha tenido acceso The New York Times y que incluyen testimonios de testigos, descripciones de videos y registros de llamadas telefónicas. Aquí pueden verse parte de los documentos.

Al General Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid, que según la investigación de la propia policía, trabajaban para el Cartel del Atlántico junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos. Recibieron la orden, organizaron el asesinato, lo ejecutaron y lo encubrieron. E hicieron lo mismo con el político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde, que también había sido titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.

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