Estos días en Honduras hemos pasado sintiendo de nuevo la estructura injusta y dictatorial de gobierno en todas las instancias. La persecución, criminalización y represión de los estudiantes de la Universidad Autonoma, es reprochable y doloroso, es sentir una sociedad donde la juventud no es la principal preocupación. ¿Por qué cuesta dialogar con jóvenes estudiantes, que lo difícil este encuentro? ; ¿Cuáles son sus demandas en relación a los procesos de la llamada reforma educativa en la Autonoma? ; ¿Por qué acusarlos de tener intereses políticos, que estamos entendiendo por política, el bien común, favorecer a los más pobres y excluidos?
Basta ver el recorrido de los hechos recientes sobre la digna lucha de los muchachos y muchachas para que de inmediato sea una preocupación de país, para decirnos que estamos en crisis en el sistema de enseñanza superior; no puede ser que la mayorías de los estudiantes de las facultades entren reacciones tomándose las instalaciones donde estudian, solicitando un dialogo, exigiendo inclusión y participación real, abierta y consensuada en los temas educativos de la Universidad.
“La primera semana de conflicto se caracterizó por el desarrollo de asambleas estudiantiles, las autoridades al ver las demandas planteadas en ese momento fueron incapaces de acercarse a los alumnos e instaurar un diálogo.
La segunda semana dejó la primera toma, Ciudad Universitaria fue cerrada por estudiantes de distintas carreras, luego el centro del Valle de Sula, La Ceiba y Comayagua. Las autoridades tampoco se acercaron a dialogar y fue ahí cuando aplicaron los primeros requerimientos fiscales contra más de veinte alumnos acusados bajo la figura penal de “Detentar espacios públicos”.
Aunado a las acusaciones vinieron las órdenes de desalojo, tanto Ciudad Universitaria, Valle de Sula y La Ceiba fueron desalojadas por primera vez por las autoridades policiales. Dos días después los alumnos volvieron a la carga.
Hace semana y media, los estudiantes se tomaron todos los centros regionales, las autoridades llamaron a un diálogo, pero el movimiento estudiantil se negó a participar, bajo el argumento que no hay condiciones para hacerlo en medio de un ambiente de criminalización.
Ante el rechazo de los estudiantes, las autoridades cancelaron el diálogo y el tercer periodo académico a 14 carreras, cerrando sus medidas con un segundo desalojo en menos de un mes contra los estudiantes.
“Lamentablemente no teníamos certeza que los alumnos nos entregarían las instalaciones, por eso recurrimos a las instituciones del Estado”, dijo la rectora Julietta Castellanos en conferencia de prensa al mediodía del viernes.
Hace tres años la figura de Castellanos se empezó a desmoronar, la universidad tenía más de diez años de no registrar protestas, pero fue hasta finales del 2012 e inicios del 2013 cuando el movimiento estudiantil se organizó y se movilizó en ese momento por la discusión del anteproyecto de Ley de Educación Superior, que amenaza la autonomía universitaria y la entrega de la misma a las universidades privadas.
En ese sentido el conflicto se agudizó, luego vino la aprobación de las Normas Académicas, que es un apéndice de la nueva Ley de Educación Superior que está en proceso de discusión” (ERIC, 2 de julio 2016).
Tomemos las palabras del papa Francisco sobre los conflictos ambientales y sociales, donde sugiere:
“Dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos” (Laudato Si, #179).
Esto lo dice el papa sobre los bienes naturales y la tierra, pero esta crisis estudiantil es muestra de una situación donde las leyes, las normativas y acciones de la reforma no están respondiendo, porque están excluyendo la principal razón de una educación superior pública: el estudiante, la estudiante, que son en sus mayorías empobrecidos.
Decía una de las consignas de los estudiantes estos días, ¡queremos estudiar, pero con dialogo!; ¡queremos salvar la universidad pública!
Y en toda esta problemática la población hondureña ha sido observador de la toma de decisiones de las autoridades, las cuales han recibido el repudio de sus acciones obstinadas sin argumentos válidos ni análisis académicos, pareciera ser que la academia no es garante en resolución de conflictos, por lo cual deja en evidencia la incapacidad para valorar y respaldar la autonomía universitaria.
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