ALIANZA POR LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

COMUNICADO

Defendamos el derecho a pensar, para hacer frente a la crueldad pedagógica y seamos solidarios con las Víctimas de la Criminalización de la protesta estudiantil, así como con la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y las Organizaciones de Derechos Humanos en Honduras.

Partimos de tres puntos de vista:

- El retroceso histórico de la UNAH, a partir del golpe del estado militar de junio de 2009.

- La Pedagogía autoritaria de la Crueldad y el Racismo Pedagógico.

- La solidaridad con el la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y las organizaciones nacionales de derechos humanos. 

El proceso antidemocrático y autoritario, emergido con más fuerza a partir del golpe de estado militar del 2009; tuvo como uno de sus epicentros a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH; cuyo proceso se ha manifestado a través de la modificación progresiva de la Ley Orgánica de la UNAH, con lo cual se ha violentado la Autonomía Universitaria y las conquistas pedagógicas; bien podríamos llamar a este momento la “pinochetización” del Alma Mater de Honduras; a tal grado que se modificaron las leyes para colocar a representantes del autoritarismo, sobre todo para poner en funcionamiento el grado extremo de la Crueldad Pedagógica, mediante la progresiva pérdida de libertad de estudiantes y profesores en el proceso académico.

Consideramos que, opera el Racismo Pedagógico, es decir una pedagogía sin sujeto, de tal manera que al joven se le considera que no puede pensar, y por tanto que no puede aportar al proceso de enseñanza aprendizaje. Simultáneamente, se fue creando un clima de miedo e inseguridad en la comunidad universitaria, en los profesores con respecto a su estabilidad laboral al igual que los trabajadores administrativos. 

En el caso de represion contra las manifestaciones estudiantiles, no solo se utilizó al ejército y a la policía, sino también a la guardia privada de la UNAH, en otras palabras se violentó el derecho del estudiante y del profesor(a) a ser autónomos y en consecuencia se perdió la autonomía universitaria.

A través de estos procesos se puede evidenciar el constante reclamo de profesores y sindicalistas; así como en algunos casos que han quedado impunes, sin que la Universidad se inmute por la falta de aplicación de justicia y verdad, tal como el del profesor y defensor de los derechos humanos, Héctor Martínez Motiño, quien recibió amenazas a muerte y fue asesinado; y, a pesar de las denuncias el crimen continúa impune. Las incursiones militares y policiales han servido para estigmatizar a las y los dirigentes estudiantiles a tal grado que algunos de ellos han tenido que salir del país por las amenazas de las que han sido objeto. Nada tiene que hacer la policía militar en un asunto interno de la universidad, que debe ser resuelto por la capacidad de las autoridades universitarias. Vergüenza nacional es la represión desproporcional de militares y policial contra la protesta estudiantil. La policía ha olvidado su fin de servir y proteger como lo ha perdido la universidad de forjar el nuevo liderazgo nacional. 

Consecuencia actual es la criminalización por las autoridades universitarias, de tres jóvenes estudiantes, Sergio Ulloa, Cesario Cáceres y Cesario Padilla; bajo la sentencia condenatoria por el delito de Usurpación, categoría jurídica perversa inventada por la política del estado punitivo y persecutorio.

Lamentamos la actitud negativa manifiesta de la Rectora ante el asesinato de Roberto Gómez, padre de familia del joven universitario criminalizado por las autoridades de la UNAH. El señor Gómez ha sido calificado por organizaciones de derechos humanos como defensor de derechos humanos. No ha valido su calidad de padre de un joven que lucha por la educación universitaria, ni su condición de defensor de derechos y de defender a quien defiende derechos. 

La alianza por los derechos humanos, se manifiesta en defensa de los derechos de los jóvenes estudiantes, profesores y trabajadores universitarios y aboga por la democratización de nuestra Alma mater. Así mismo expresa en forma contundente y clara la solidaridad con la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), que ha actuado conforme al mandato respectivo y en base el respeto a las leyes nacionales e internacionales.

Rechazamos los ataques por parte de la rectora Julieta Castellanos contra las organizaciones nacionales y personas defensoras de derechos humanos, que entienda que las amenazas o campañas de desprestigio no detienen nuestra labor en beneficio de la juventud universitaria y del pueblo hondureño. 

Por ello hacemos un llamado de alerta al gobierno ante la vulnerabilidad de la juventud universitaria que defiende sus derechos y sus familiares, por el inminente peligro de sus vidas e integridad.

Tegucigalpa, M. D. C. 27 de junio de 2017.