Análisis de la realidad que viven los y las defensoras de Derechos Humanos


Queremos compartir este breve análisis de la realidad que viven los y las defensoras de Derechos Humanos en México, porque nos revela mucha similitud con la situación que se enfrenta aquí en Honduras. Citando algunas cifras dolorosas de la realidad en nuestro país:
“Entre 2002 y 2014, 111 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron asesinados como castigo por su trabajo: 12 de ellos únicamente en 2014.

En 2015 se registraron 185 asesinatos en 16 países, un aumento del 59 % respecto a 2014, además de la cifra anual más alta que se ha registrado; el 66% de estos asesinatos (122) ocurrieron en América Latina” (informe del 2015 GLOBAL WITNESS).

Y a estas cifras dolorosas, sumarle el despreciable asesinato, el 2 de marzo del 2016 de Berta Cáceres, el cual está en la impunidad. 

Surge la interrogante ¿Por qué criminalizan, persiguen, reprimen, judicializan, desaparecen y asesinan a los defensores y defensoras de Derechos Humanos?

Veamos a continuación este análisis hecho a partir de la realidad mexicana:

“Al menos 47 personas defensoras de Derechos Humanos fueron asesinadas en 2016, según el reciente informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT). En un pronunciamiento la Red TDT declaró que estos episodios de violencia demuestran lo endeble del compromiso del Estado mexicano para garantizar la seguridad en el ejercicio y reivindicación de los derechos consagrados en las leyes mexicanas.

Para la Red, que agrupa a 802 organizaciones de 21 estados de la República mexicana, estos crímenes reflejaron la gravedad del riesgo cotidiano que enfrentaron las personas defensoras en entidades como Oaxaca, donde fueron asesinadas 19 activistas, y Veracruz donde hubo 12 asesinados de personas defensoras.

“Esta situación se revela aún más grave cuando hacemos un recuento de las descalificaciones públicas en contra de personas defensoras, especialmente del entorno de uno de los casos más ominosos de la impunidad contemporánea: Ayotzinapa”, expuso la Red 

De acuerdo con las organizaciones civiles, a lo largo de 2016 hubo filtraciones y estrategias dirigidas a minar la credibilidad pública de reconocidas personas defensoras, en particular de quienes acompañan a las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014 en Guerrero.

Estas estrategias buscaron dañar tanto a las organizaciones de la Red TDT como a los expertos internacionales que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este último caso la descalificación tuvo claros componentes de violencia de género.

Otro caso de criminalización fue contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que en 2016 protestaron contra las políticas educativas en el país y quienes el pasado 19 de junio fueron agredidos por fuerzas policiacas estatales y federales en la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, operativo que dejó el asesinato de ocho personas defensoras.

Además, en el año que concluyó se observó el proceso de despojo que viven algunas comunidades en torno a los megaproyectos que violan derechos de las personas habitantes de distintas comunidades; como resultado, a nivel nacional hubo ocho asesinatos de defensores de tierra y territorio.

En este contexto la Red TDT manifestó su preocupación por la situación de represión que existe en el Estado de México (Edomex). Si bien el caso más conocido es el de la reactivación del proyecto para desarrollar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también se documentó el hostigamiento contra las comunidades de Coyotepec, San Salvador Atenco, Xochicuautla y Tecámac.



La respuesta del gobierno del Edomex a este conflicto social fue la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como “Ley Eruviel”, misma que fue ampliamente criticada por permitir que se utilicen armas letales contra manifestantes. Este ordenamiento se encuentra en revisión de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)” (SIGNIS ALC, enero 2017).

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